Marco legal


Los Despachos de Detectives Privados legalmente habilitados por el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía son los únicos profesionales legalmente capacitados que pueden realizar Investigaciones Privadas de carácter personal. Aportamos Pruebas fehacientes y contrastadas para la conclusión de los intereses legítimos del interesado y siempre dentro del máximo marco legal, profesional y discrecional.

Los Detectives Privados en España son Diplomados Universitarios, jamás podrá encontrar un profesional habilitado en la actualidad que carezca de esta titulación reconocida por el Ministerio del Interior y que no cumpla los requisitos. Pida siempre la correspondiente habilitación.

La Investigación Privada en nuestro país está reconocida por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, la cual ofrece las garantías necesarias para el desarrollo pleno de la profesión. Así como estar fiscalizados por el Cuerpo Nacional de Policía, el cual realiza inspecciones periódicas de las investigaciones y la actividad de los Despachos de Detectives. Sin embargo, igualmente, los Detectives Privados no pueden por Ley, investigar delitos públicos, siendo el Cuerpo Nacional de Policía el destinatario del conocimiento de Delitos Públicos que tenga el Detective en el ámbito de su trabajo.

Conjuntamente con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), permite a Investigar asuntos particulares y de carácter personal siempre y cuando se firme un contrato vinculante Despacho-Cliente, establecido en el artículo 12 de la LOPD. Los Despachos, siempre y cuando hayan firmado el vinculante con los clientes y este se ampare bajo la legitimidad más estricta y el interés para el cliente, podrán investigar sin el consentimiento de terceros, aspectos de carácter personal.

Tanto Agencia Española de Protección de Datos, como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, RATIFICAN que los Detectives Privados, son los PROFESIONALES AUTORIZADOS para investigar datos de carácter personal en diferentes ámbitos como el FINANCIERO, el ámbito LABORAL, investigar CONDUCTAS PERSONALES, realizar SEGUIMIENTOS e INVESTIGACIONES para MUTUAS, EMPRESAS, PARTICULARES y ABOGADOS, así como poder aportar pruebas aquellos particulares o clientes, que a través de un derecho legítimo verificado, necesiten obtener pruebas legales con garantías y en aras de un procedimiento legal o judicial.

Asimismo la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para prevenir el intrusismo, avala tambien a los Detectives privados:

Artículo 265. Documentos y otros escritos y objetos relativos al fondo del asunto.

1. A toda demanda o contestación habrán de acompañarse:

5.º Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical.

TIP 4351 (nº de licencia correspondiente al orden expedido por la Dirección General de la Policía).


Desconfíe siempre de aquellos que digan ser Detectives Privados por el simple hecho de tener un contacto web o un anuncio en internet con un número de licencia. Siempre que contacte con un Detective Privado, antes de comprometerse y firmar un contrato, pida al profesional su habilitación correspondiente en vigor. Nunca acceda a firmar contratos verbalmente ni de forma posterior al inicio de las actividades de investigación. Desconfíe igualmente de aquellos que le prometen imposibles o actuar en la más absoluta ilegalidad, el Detective Privado tiene sus límites bien definidos por la Ley y nunca actuaremos por motivación propia bajo conceptos ilegales o ante duda de la existencia de un encargo totalmente legítimo.

 La habilitación que la concede la Dirección General de la Policía no se puede obtener aunque se tengan cursos de Investigación Privada que no estén reconocidos por el Ministerio del Interior para tal efecto. Ante todo el profesional tiene la obligación de acreditarse para con los ciudadanos y los miembros de las fuerzas del orden cuando sean requeridos por estos.